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Sobre la cuestión prejudicial del Juzgado de Primera Instancia 1 de Fuenlabrada

Fecha: 13 abril, 2024 Categorías: Créditos revolving | Cuestión prejudicial Fuenlabrada | Sentencia 15 febrero 2023


Lo que demuestra la cuestión prejudicial planteada por el juez de Fuenlabrada, con fecha de 31 de enero de 2024, es que el panorama del crédito revolving dista mucho de haber quedado pacificado tras las sentencias del Tribunal Supremo. Con la invención de un criterio de “seis puntos sobre la media del producto”, el alto tribunal pretende  -y no se esconde en afirmarlo en la propia sentencia de 15 de febrero de 2023–  terminar con el “escenario de litigiosidad”.

 Llega a decir que en el contexto de litigiosidad en el que nos encontramos “no puede atenderse a las circunstancias concretas de cada contrato”. O sea, que el Supremo está “derogando” parte del artículo 1 de la Ley Azcárate, un hecho que no tiene nada que ver con la defensa del consumidor, que es en lo que se centra la normativa europea. 

¿Seguridad jurídica? La seguridad jurídica  consiste en  conocer las consecuencias jurídicas de una conducta. Me gustaría vivir en un país en el que si te cobran un 21,99% TAE por una tarjeta de crédito de unos grandes almacenes, cuya vocación es financiar la compra alimento y ropa y que tiene inicialmente un límite de disposición de 1.000 euros, dicha tarjeta se declarara usuraria. Y que se procediera así porque no existe ninguna circunstancia que justifique la imposición de un tipo de interés tan disparatado para esa financiación y con ese límite de disposición teniendo en cuenta que no genera ningún riesgo al prestamista. 

Creo que los jueces deben ser -y son- capaces de ponderar jurídicamente las circunstancias de cada contrato. Considero que es una vergüenza ponerles una “regla para tontos” que establezca  que un contrato es nulo al 27,24% TAE pero no lo es al 27,10%, en plan “foto finish”, sin atender a las circunstancias concretas de cada  contrato. Y que  esto haga simplemente  porque “la media” del producto, que el BDE se limita a recoger estadísticamente de las entidades, afirme  que se han comercializado las tarjetas a un determinado porcentaje TAE. 

Resulta preocupanteque la otra potencia jurídica ibérica declare que son usurarios los contratos de tarjeta de crédito que superan el 15% TAE, como publica el Banco de Portugal, y haya jueces en nuestro país que, en virtud de esa regla inventada, sentencien que un contrato revolving al 26,82% TAE en el que además se capitalizan, intereses comisiones y gastos  no es usurario.

 Algún clásico se preguntaría…QUI PRODEST? 

Releer la sentencia del Supremo de  25 de noviembre de 2015

Lo que viene a plantear el juez de Fuenlabrada está en la “hemeroteca” del Tribunal  Supremo. Cuando dictó la sentencia de 25 de noviembre de 2015, y nada hacia presagiar que con su dictado se iba a generar “el escenario de litigiosidad” que luego tuvo lugar por culpa del abuso inveterado de las entidades financieras, el alto tribunal dijo en su fundamento jurídico TERCERO:

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, NO PUEDE SER OBJETO DE PROTECCIÓN POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Una cuestión prejudicial muy potente 

¡¡Efectivamente! No puede concederse crédito irresponsable sin comprobar adecuadamente la capacidad del prestatario. Y esto es lo que las financieras han venido haciendo y siguen haciendo de forma descarada en gasolineras, centros comerciales y en los aledaños del WiZink Center  sin ningún control sobre la solvencia del consumidor. 

“Tarjetas para todos”… dos, tres… las que sean, aunque los ingresos del consumidor no lleguen ni a los 500 euros. ¡Qué mas da,  dicen las financieras.  Se suben los tipos a los que pagan y, además, tenemos  el  respaldo de los jueces, que tienen en cuenta la media de los tipos que nosotros remitimos al Banco de España!. 

Esto es una perversión del sistema contra el consumidor y una auténtica vergüenza.

Cartel ya no es donde uno se anuncia… 

Por eso,  la cuestión prejudicial de Fuenlabrada en muy potente. Porque resulta que, desde la Directiva de 2008, los estados miembros tienen que velar porque -antes de que se celebre el contrato de crédito- el prestamista evalúe la solvencia del consumidor sobre la base de una información suficiente. Y si las partes acuerdan modificar el importe del crédito se vuelva a efectuar esa evaluación de solvencia. 

Sin embargo, nada de esto se hace. Como mucho, se pone en la solicitud de crédito que fulanito es camarero y gana 18.000 euros al año, y cuando se le sube el límite de la tarjeta y se dice que ya no dispone de 1.000 sino de 10.000 para sobreendeudarse a lo loco, tampoco se evalúa la solvencia.

 ¿Por qué? Porque el negocio de la banca es el “sobreendeudamiento y,  si hay algún impago después de haber sangrado convenientemente al cliente,  se le vende a cualquier fondo buitre y que reclamen ellos, que todos hacen negocio del cadáver del consumidor… los leones, las hienas y los buitres… 

El juez de Fuenlabrada le pregunta al Tribunal de Justicia de la UE con excelente criterio cuál es la consecuencia jurídica de esto: si basta con imponer de vez en cuando una multa a las entidades -que les produce risa pagarla-  o si cabe una sanción de verdad, lo que le duele al prestamista, es decir, que el contrato se declare NULO.

Confío en que el TJUE  opte por lo segundo, y espero que el Tribunal Supremo no lo reinterprete contra el consumidor como ha hecho otras veces. 



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