Con este lema se presenta en su web Cashper. Se trata de una de las decenas de empresas de microcréditos rápidos online que no han […]

Cofidis, la archiconocida y televisiva entidad financiera especializada en la concesión de créditos y préstamos rápidos taladra nuestros cerebros a diario con sus anuncios publicitarios. […]

Quedarse en números rojos como consecuencia de la crisis económica provocada por el coronavirus va a suponer un lastre añadido para las empresas, especialmente pymes […]

Seguimos desenmascarando  la nueva maniobra de WiZink basada en la bajada del tipo de interés de sus tarjetas revolving. Una artimaña con un efecto totalmente […]

La nueva estrategia diseñada por WiZink tras la sentencia del Supremo pretende crear confusión entre sus clientes, no devolverles el dinero pagado de más y paliar el aluvión de demandas.

La reciente, y ya famosa, sentencia del Tribunal Supremo, declarando usurario el interés del 27,24% TAE aplicado por WiZink en sus tarjetas revolving, inaugura un […]

¡Lo hemos conseguido! Y nuestro “pequeño” despacho de abogados de Avilés se ha convertido en el David que ha ganado a Goliat. Para muchos (medios de comunicación, consumidores, opinión pública, etc) ya soy el incansable abogado de las revolving que ha vencido a WiZink.

El sector bancario y los consumidores cuentan las horas para saber si, finalmente, el Tribunal Supremo dará o no la razón este miércoles 26 a WiZink. Si el 27,24% TAE de sus revolving es o no usura. Con una sentencia favorable para el banco, ¿se va a poder seguir demandando a WiZink?

Cuenta atrás para conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación de WiZink por las revolving. El próximo 26 de febrero es el día. La fecha en la que la Sala de lo Civil del Alto Tribunal se pronunciará sobre si los intereses que se les aplica son usurarios o no.

WiZink argumenta en su recurso de casación que las revolving constituyen una categoría con autonomía y singularidad propias dentro del crédito al consumo. Considera que la Ley de Usura no podrá servir para prohibir por vía judicial un sector entero del mercado de crédito que funciona y opera con normalidad.